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-“Asesino y vulgar mentiroso”, calificativos a Molinar Horcasitas en su comparecencia ante legisladores.

- Se comprometió ante legisladores sonorenses a exentar de pago en casetas a residentes.

México, D.F., “Asesino, vil mentiroso, la historia te calificara como un vulgar corrupto” fueron las frases que recibió el titular de la SCT Juan Molinar Horcasitas, al comparecer ante legisladores federales.

Después de que por meses, los legisladores federales del PRI, especialmente los sonorenses, solicitaron en reiteradas ocasiones la comparecencia del Funcionario Federal, por fin esta se dio aunque sin las respuestas que ellos esperaban.

“Lo único que no deja duda en la comparecencia es que Molinar Horcasitas debió dejar de ser funcionario público desde su anterior cargo, y que es  inexplicable la indolencia del Presidente Felipe Calderón ante temas que tanto afectan a los sonorenses, empezando por la guardería ABC y terminando por el incumplimiento de acuerdos en la desastrosa y mortal carretera de cuatro carriles”, señalaron los diputados federales por Sonora presentes.

Los legisladores Onésimo Mariscales Delgadillo, Rogelio Díaz Brown, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Miguel Ernesto Pompa Corella y su coordinador José Luis Marcos León Perea, estuvieron puntuales para la comparecencia que por meses solicitaron.

“Los sonorenses seguimos esperando respuestas, queremos  que el Presidente Calderón tome decisiones justas y cumpla con los ciudadanos”, comento el Dip. Maloro.

Por su parte el Dip. León Perea dijo que para todos los mexicanos es una verdad social que él es el responsable de lo que paso en la Guardería ABC, y que a pesar de todas las observaciones del IMSS seguía permitiendo que las guarderías prestaran servicio sin corregir las anomalías encontradas, sin embargo el funcionario ni siquiera  toco el tema.

El legislador por Navojoa Onésimo Mariscales Delgadillo, quien subió a tribuna los exhortos y puntos de acuerdo pidiendo que Molinar Horcasitas respondiera ante la soberanía señaló que se le debe iniciar un juicio político por su falta de respeto a los acuerdos y convenios y por su insensibilidad ante los temas que le interesan a la sociedad sonorense y mexicana en general. Lo desmintió en relación a que se ha invertido en el tramo carretero de Magdalena.

Por su parte el diputado Rogelio Díaz Brown expreso que  no se explican como la SCT se vuelve a llevar el premio al sub ejercicio, habiendo tantas carreteras en pésimo estado en todo el país.

Los temas finales, planteados por el Dip. Morelos Jaime Canseco  Gómez, de la carretera a 4 carriles de Sonora, eliminación de cobro en casetas sonorenses  y guardería ABC fueron puestos en la mesa a petición del Grupo de Diputados sonorenses del PRI.

Molinar Horcasitas se  comprometió a buscar una solución administrativa donde se exente de pago en las casetas de la Jaula, Fundición, Esperanza y Hermosillo,  a los residentes. En cuanto al caso ABC dijo que “no puede asumir culpas que no me son propias en razón de temas políticos y razones políticas, las autoridades me excluyeron de culpas, es todo lo que puedo decir”, enfatizo.

Por ultimo se informo que se formará un grupo de trabajo de funcionarios de SCT y diputados federales sonorenses del PRI para aterrizar el método de libre tránsito y  asegurar la inversión en las carreteras de sonora.

Mas de 6 horas y media  compareció el funcionario federal sin embargo no fueron suficientes para aclarar o responder todos los cuestionamientos y requerimientos de los legisladores presentes.

 Señoras y señores  Presidentes, representantes de los medios de comunicación.

Quiero agradecer y valorar profundamente el que hayan aceptado estar aquí, en la casa de todos los mexicanos, Los Pinos, y desde luego, participar en este Diálogo por la Seguridad, que estamos llevando a cabo.

Quiero decirles que estoy abierto a escuchar y a incorporar lo que se escucha en la estrategia y la acción del Gobierno en esta materia.

Y hemos abierto este espacio al análisis crítico, la reflexión, porque queremos hacer de la lucha por la seguridad, una política de Estado; es decir, no una política de un Presidente o de un Gobierno, sino una política de Estado que comparta la Nación, porque es en su defensa.

Debemos contener al crimen organizado y a todo tipo de delincuencia, y para ello se requiere también la acción de todos, cada uno, por supuesto, de acuerdo con su tarea y responsabilidad, pero desde una base mínima de coordinación.

Para darle a esta tarea un verdadero tamaño nacional son indispensables los medios, su comprensión y su responsabilidad. Y es por ello que los he convocado, porque quiero oír sus puntos de vista, quiero dar los propios del Gobierno y quiero pedirles que sean parte de la estrategia.

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de los valores de la democracia, de la libertad, de la tolerancia, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la paz, de la legalidad.

Y hoy, hay que decirlo también, las instituciones democráticas del país y valores fundamentales, como la propia libertad de expresión, están amenazados por la criminalidad.

En efecto, hoy el crimen nos desafía a todos por igual, quizá en distinto grado, pero nos desafía a todos. Su acción no sólo constituye una amenaza a la tranquilidad de los ciudadanos, sino ahora a su integridad física y patrimonial; también a las instituciones democráticas, que hemos construido con el esfuerzo de muchas generaciones, y atenta ahora, también, contra la libertad de expresión, y en particular contra los medios de comunicación.

Los planteamientos que me han hecho los diversos participantes en las reuniones que he sostenido con fuerzas políticas, con líderes sociales, empresariales, políticos, religiosos, líderes de opinión, los puedo agrupar en cuatro preocupaciones centrales.

La primera es la importancia del fortalecimiento del entramado institucional; es decir, el fortalecimiento de las instituciones del Estado y particularmente el fortalecimiento de las policías, los Ministerios Públicos, los jueces. Se trata de contar con instituciones y titulares de las mismas que sean confiables, creíbles y eficientes, y no sólo a nivel Federal, sino en los ámbitos estatales y municipales.

Segundo. La necesidad de redoblar esfuerzos en materia de prevención del delito y tener una política mucho más activa en los ámbitos educativo, de salud, de recreación, de esparcimiento, que inhiba, precisamente, la comisión delictiva.

Tercero. La demanda de contar con mecanismos efectivos de evaluación y control de la política de seguridad. Una exigencia de los ciudadanos a que los gobernantes rindamos cuentas en la materia.

Y cuarto. La creciente exigencia de definir corresponsabilidades en las tareas de seguridad en los tres órdenes de Gobierno.

A lo largo de estos diálogos se ha coincidido en la necesidad de compartir una visión estratégica en materia de combate a la delincuencia, así como en la urgencia de actuar en un solo frente, a fin de cerrar los espacios de maniobra de todas las expresiones del crimen.

En especial, ha existido consenso en que la lucha por la seguridad es una causa que debemos compartir los tres órdenes de Gobierno, los tres Poderes, los medios de comunicación y, en general, todos los que intervenimos en la vida política, económica y social del país.

Sé que ustedes han mostrado siempre su disposición para hacer la parte que corresponde en esta tarea. Hace casi dos años algunos de ustedes fueron los firmantes del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Y en esa ocasión asumieron compromisos muy concretos, como incrementar contenidos que fomenten la cultura de la legalidad, la prevención y atención de las adicciones, la denuncia ciudadana, así como definir y publicar estándares de actuación profesional en su cobertura informativa.

Hoy, México nuevamente necesita el apoyo de los medios de comunicación para alcanzar mejores resultados en la lucha por restituir la seguridad pública.

Hoy, más que nunca, su participación es imprescindible, porque la criminalidad se erige como una clara amenaza, como he dicho, a la propia libertad de expresión.

Para nosotros, cada vez resulta más evidente que existe una estrategia de comunicación por parte de los grupos delictivos. Que esté más o menos articulada, hay una estrategia. Es decir, hay un esfuerzo permanente por posicionar sus mensajes, no sólo a través de mantas, de desplegados, de notas, sino también mediante acciones de intimidación y agresión de extrema violencia.

En esencia, una línea más o menos visible pudiera ser la búsqueda de intimidar y paralizar. Intimidar y paralizar a sus adversarios para que les dejen el paso libre en las comunidades o territorios que pretenden dominar de manera exclusiva; a los ciudadanos para someterlos, extorsionarlos; y a la autoridad también para paralizarla, someterla e incluso para ponerla a su servicio.

Este es un proceso y un objetivo comunicacional que detectamos en el Gobierno, y que no debemos permitir.

Nuestro diálogo debe servir para, entre todos, encontrar qué debe hacer el Gobierno y qué pueden hacer los medios, entre otras cosas, para evitar que el temor generalizado que se provoca en la sociedad le dé una enorme ventaja a los criminales sobre ésta y sobre las autoridades.

Quiero reiterar que ésta no es una batalla sólo ni, probablemente, ni siquiera principalmente contra el narcotráfico. Es una batalla por la seguridad y contra el crimen organizado, ese que mediante la violencia o la amenaza busca apoderarse de las rentas, no sólo de los negocios ilícitos, como hasta hace tiempo, sino también de los negocios lícitos y del fruto del trabajo de personas honradas en las comunidades donde logra dominar.

Y es una lucha, también, contra cualquier tipo de crimen, porque en un entorno de temor generalizado se logra también paralizar e inhibir lo mismo los ciudadanos, que a las autoridades, en una comunidad determinada. Los policías y los Ministerios Públicos, simplemente dejan de hacer su trabajo.

Ello ha provocado la expansión en algunas entidades del país del robo, el secuestro, la extorsión y otros delitos del orden común, no necesariamente perpetrados por el crimen organizado, y que son los que más agravian y afectan a los ciudadanos.

Reconozco que el Gobierno ha fallado y no ha sabido transmitir, informar y comunicar con precisión la dimensión de este problema, su estrategia, cuáles son sus objetivos y cuál es el sentido y propósito de sus acciones.

Una de las debilidades ha sido, claramente, la falta de interacción con ustedes sobre estos temas; el no ser fuente de información fluida, constante y debidamente contextualizada.

A su vez, pienso que el difícil camino hacia la vida democrática y a la conquista de la libertad de expresión que los medios han tenido que recorrer, los ha llevado a un natural distanciamiento de los gobiernos.

La crítica en México al Gobierno, en particular al Federal; es intensa. Y qué bueno que lo sea en términos de nuestra democracia y de nuestra pluralidad, pero eso no debe llevarnos a omisiones en la narrativa del problema, en esa narrativa hay una verdad elemental que no podemos perder: el verdadero enemigo, la amenaza a la sociedad son los criminales, no es el Gobierno, por lo menos no en este caso.

Creo que un primer paso es no perder las referencias de quienes son no sólo los malos, sino los sanguinarios de la película, y ellos son los criminales.

En el ejercicio de su labor informativa, ustedes están expuestos a convertirse en conductos para que las organizaciones criminales hagan llegar sus mensajes, esto coloca a los medios en una situación de gran vulnerabilidad, ya que para los criminales es cada vez más necesario utilizar esa vía de difusión para transmitir su propaganda.

Sabemos que aquí el Gobierno tiene mucho que hacer y estamos en la disposición de explorar las rutas por las cuales podemos asegurar de la mejor manera posible el ejercicio de la labor periodística.

Es fundamental también que el público tenga siempre plena conciencia de ello, que cada quien asuma su responsabilidad. En el Gobierno, nosotros no la vamos a evadir, porque el señalamiento de responsabilidades o de culpas, o de omisiones, si hay que hacerlo, en ello no se exonere a quienes verdaderamente están extorsionando, secuestrando y matando en el país, que son los criminales.

Es importante señalarlos y que, precisamente, se transforme el miedo, en una buena parte de la población, en indignación que nos impulse a todos a combatir este flagelo.

Los recientes acontecimientos en que fueron privados de su libertad cuatro reporteros, y cuya liberación se condicionaba a la difusión de material informativa de interés para los criminales, no sólo pone en evidencia esta estrategia de comunicación de los delincuentes, sino también revela de que se trata de un círculo perverso que urge romper. Tenemos que evitar, a toda costa el secuestro y el chantaje a los medios de comunicación.

Afortunadamente, en este caso particular, las víctimas  fueron liberadas, y fueron ya también detenidos, hace unas horas, tres integrantes del comando que secuestró a los periodistas en La Laguna.

Sé que varios columnistas, analistas, académicos y líderes de opinión han expresado su preocupación por estos hechos, y han planteado la necesidad de asumir una postura común.

Aquí lo relevante es tener claro los objetivos de la estrategia de comunicación de los criminales y poder actuar de manera consciente y, en la medida de lo posible, de manera consensuada.

Reitero que el Gobierno ha tenido problemas en la tarea de informar a la sociedad respecto de lo que ha venido sucediendo en esta lucha por la seguridad. Esta ausencia para poder explicar a la gente la narrativa de lo que pasa también ha sido aprovechada por los criminales para afianzar sus propios  propósitos.

En esta área, como en todos los frentes en que estamos combatiendo a los criminales, se requiere unidad de propósitos y de acción. Si no cerramos filas, ese enemigo común avanza, y pierde la sociedad, pierden las instituciones, pierden los medios y pierde México.

Se necesita una política de seguridad que trascienda a una Administración específica, y que comprometa a todos los actores para alcanzar el México de paz, de leyes y de justicia.  

En especial, se necesita que los Gobiernos estatales y municipales cumplan su responsabilidad constitucional de brindar seguridad a la gente, y que antepongan el interés  superior de la Nación por encima de los intereses de grupo, o de facción. Sólo así la política de seguridad se convertirá en una verdadera política de Estado.

El Gobierno Federal por sí solo, aisladamente, no puede, ni debe terminar esta tarea; se requiere una corresponsabilidad, y una acción seria y decidida de todos los órdenes del Gobierno.

Como paso inicial, en la construcción de una verdadera y eficaz política de Estado se propusieron  dos acciones.

Por un lado. Establecer una mesa institucional, constituida por ciudadanos y representantes del Gobierno, y enfocada al fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Y por el otro. Realizar mesas similares, o bien, audiencias públicas estatales, conducidas por organizaciones de la sociedad civil, con el fin de actualizar el diagnóstico de cada entidad federativa, evaluar el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en los estados y municipios, y conocer las propuestas ciudadanas para el fortalecimiento institucional.

Para que este ejercicio de diálogo a nivel nacional tenga éxito, es imprescindible la participación de ustedes.

Por eso, quiero poner a su consideración y pedirles lo siguiente:

Primero. Que discutan, analicen  y, en su caso, adopten códigos éticos  y protocolos de manejo de información sobre seguridad, con base en sus propias experiencias y con base en las experiencias internacionales existentes.

Otros países han pasado por situaciones similares, al tener que enfrentar a organizaciones criminales, y la experiencia comparada puede aportar mucho a México.

Fundaciones de periodismo, universidades, asociaciones y académicos, y periodistas de Colombia, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, por citar algunos, pueden tener un aporte valioso para este análisis.

El desafío es generar un equilibrio crítico entre el interés noticioso y la necesidad de cerrar espacios de propaganda e intimidación a la delincuencia.

Asimismo, es imperativo contar con lineamientos que reduzcan el riesgo de los comunicadores en la cobertura de los sucesos. En este rubro, desde luego, cuentan con todo el apoyo del Gobierno Federal para evitar, a toda costa, las amenazas, las intimidaciones y los riesgos que implica cumplir con la imprescindible tarea de informar a los ciudadanos.

Segundo. Que, con apego a sus esquemas de autorregulación, los medios promuevan contenidos que eviten hacer apología del delito.

No les pido, bajo ningún concepto, que dejen de informar. Sí les pido valorar con responsabilidad, imparcialidad y objetividad la difusión de ciertos hechos o de ciertas imágenes, con el único fin de no dar a los delincuentes la ventaja del miedo e intimidación paralizante a la sociedad.

Debemos ser conscientes de que esa ventaja será usada por los delincuentes,  no sólo contra sus adversarios, no sólo contra las fuerzas del orden, sino también contra la sociedad entera.

Tercero. Que den seguimiento puntual a las deliberaciones en torno a la lucha por la seguridad que tengan lugar y las propuestas que surjan en la mesa institucional, como en los foros estatales.

Ahora que se cumplirán dos años del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, es importante evaluar, no sólo en términos generales, sino en particular en cada uno de los gobiernos: Federal, estatal y municipal; en cada uno de los Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y en cada uno de los sectores sociales que asumimos compromisos, quién ha cumplido y quién no; y a qué grado.

Estoy convencido, por ejemplo, de que cuando tengamos policías confiables, Ministerios Públicos confiables y jueces confiables en la Federación y en los estados, y que estos sean verdaderamente fuertes, las cosas mejorarán notablemente en el país.

Cuánto hemos avanzado en ese compromiso. En dónde hemos avanzado. En qué estados, en cuáles no. Cómo se comporta la delincuencia de acuerdo con estos avances.

Estos son factores que los ciudadanos deben conocer y que deben impulsarnos a los gobiernos a fortalecer lo que hemos hecho bien y a rectificar lo que hemos hecho mal.

Cuarto. Les pido que difundan campañas para prevenir la violencia y las adicciones entre los adolescentes y los jóvenes, para estimular el deporte y otras actividades culturales y recreativas.

Las autoridades y los medios debemos fortalecer estas vías de comunicación, que disuadan a la juventud de ser cooptada para servir a los intereses de los criminales. Una parte importante de la problemática que vivimos ha surgido del crecimiento del consumo en distintas partes del país. Eso ha llevado a expandirse territorialmente para buscar mercados y controlarlos, y de ahí saltar a cometer todo tipo de crimen a través del dominio de facto que logran concretar en algunas comunidades en nuestra sociedad.

Es fundamental inhibir no sólo el consumo, sino también el reclutamiento de los criminales entre los jóvenes y los adolescentes. Los jóvenes deben saber claramente, tanto los peligros que las adicciones implican; como del peligro verdaderamente suicida de incorporarse a los grupos criminales.

Las adicciones y las drogas matan desde que se producen, se transportan, se distribuyen y, desde luego, cuando se consumen.

Y quinto. Que abran espacios en sus medios o en sus portales electrónicos para que la gente pueda participar y proponer en este debate, encaminando al fortalecimiento de la política de seguridad nuestros esfuerzos.

Recoger opiniones que nos permitan enriquecer el diagnóstico y generar acciones para consolidar una cultura de legalidad y la prevención del delito.

De nuestra parte, amigos, ofrezco toda la voluntad del Gobierno Federal de fortalecer nuestra labor de comunicación social para que quede más clara la narrativa, para que expliquemos mejor las causas de la lucha por la seguridad que hemos emprendido, el contenido y los alcances de la estrategia que está siguiendo el Gobierno.

Ofrezco facilitar también, el acceso a la información puntual con que contamos, algo que ha sido reiteradamente reclamado al Gobierno, para que los medios puedan cumplir con su imprescindible labor de informar a la sociedad.

Ustedes cumplen con una tarea muy importante de formación en la opinión pública. Por esa razón valoro su voluntad para estar aquí, para seguir contribuyendo, desde su ámbito de acción, en esta lucha por la tranquilidad de las familias mexicanas.

Por mi parte, seguiré dialogando con otros actores relevantes de la sociedad, porque quiero sumar más voluntades a este esfuerzo. Además, buscaré reunirme con partidos políticos, con legisladores, con gobernadores y con miembros del Poder Judicial.

Amigas y amigos:

La participación de los medios será fundamental para que más mexicanos apoyen la acción que hemos emprendido contra la criminalidad y para consolidar una política de Estado en esta materia.

Hoy, más que nunca, la lucha por la seguridad exige de todos los mexicanos conciencia y compromiso, valentía y decisión, unidad y acción; reclama comprender que este problema afecta a la Nación y debe ser apoyado sin distingos de partido, de región, de tarea social. Reclama poner el interés de México por encima de cualquier otra consideración.

Los adversarios de la sociedad son los criminales, no somos unos mexicanos contra otros, no es tiempo sino de caminar hacia adelante y resolver este problema, que sí se puede resolver, así nos tenga que tomar tiempo, recursos y, por desgracia, vidas humanas, como en el caso ya ha ocurrido.

Ratifico la apertura del Gobierno Federal, la mía en lo personal. Me interesa escuchar todas las ideas, todas las propuestas, todas las críticas y los planteamientos, porque el objetivo no es otro más que fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad, y llevar ésta a buen puerto. Algo que queremos todos los mexicanos y que nos conviene a todos.

Así que muchas gracias por estar aquí y, desde luego, estoy atento a sus participaciones y comentarios.

SALTILLO (Notimex).— El recuento de daños por los efectos del huracán ''Alex'' en Coahuila podría ascender a más de 400 millones de pesos, afirmó el gobernador del estado, Humberto Moreira Valdés.

Señaló que el mayor daño se presentó en 15 municipios, sobre todo de las regiones Sureste y Centro, por lo que el gobierno del estado empezó con la reconstrucción de la infraestructura urbana.

Indicó que las lluvias dejaron pérdidas por un monto inicial de 203.1 millones de pesos, que ascenderán en estos días, al realizarse el recuento de todos los daños ocasionados por las lluvias.

Debido a ello, se giró la instrucción de dar el respaldo con enseres domésticos, materiales para la construcción, cobertores y artículos de limpieza a cuando menos 285 familias que perdieron igual número de viviendas, así como la reconstrucción de mil 620 techos que afectaron a cuando menos cuatro mil 400 habitantes, aseveró.

Señaló que el costo de los daños será determinado después de revisar las condiciones de puentes y vialidades, independientemente de los destrozos ocasionados en obras de jurisdicción federal, como en la carretera Monterrey-Saltillo o la Federal 57, en Arteaga, o bien las relacionadas con la energía eléctrica y telefonía.

Detalló que producto de la contingencia, desde la tarde del jueves inició la distribución de diversos apoyos, como mil 600 colchonetas, ocho mil 200 botellines de agua, 14 mil 700 cobertores, 14 mil 300 paquetes de limpieza y cuatro mil 400 colchones.

Para la reconstrucción de techos o viviendas se entregan a la población damnificada, mil 320 paquetes de materiales para la construcción así como 950 de enseres domésticos, como estufas o refrigeradores que se perdieron por inundaciones

México.D.F.Julio 01/10- PEMEX instaló los consejos de administración de sus cuatro organismos subsidiarios, de acuerdo con los artículos 18 y tercero transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.

Con fundamento en la citada Ley, dichos consejos estarán integrados por el director general de Petróleos Mexicanos, quien los presidirá, y por representantes del Estado, designados por el Ejecutivo Federal, entre quienes habrá, por los menos, dos consejeros profesionales.

Con base en lo anterior, el pasado 4 de junio el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, designó a los integrantes  de los consejos de administración, los cuales quedaron conformados de la siguiente manera:

Pemex Exploración y Producción:

1.- Juan José Suárez Coppel, director general de PEMEX y presidente del Consejo.

2.- Carlos Rafael Murrieta Cummings, director corporativo de Operaciones de PEMEX.

3.- Carlos Alberto Treviño Medina,  director corporativo de Finanzas de PEMEX.

4.- Mario Gabriel Budebo, subsecretario  de Hidrocarburos  de la Secretaría de Energía.

5.-Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, subsecretario de Egresos de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público.

6.- Fausto Barajas Cummings, secretario técnico del Gabinete de Infraestructura  y Turismo    de la Oficina de la Presidencia de la República.

7.- Jaime  Enrique  Zabludowsky Kuper, consejero profesional.

8.- Héctor Moreira Rodríguez, consejero profesional.

Pemex Refinación:

1.- Juan José Suárez Coppel.

2.- Carlos Rafael Murrieta Cummings.

3.- Carlos Alberto Treviño Medina.

4.- Mario Gabriel  Budebo.

5.- Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione.

6.- Antonio Vivanco Casamadrid, coordinador de asesores del Presidente de la República.

7.- Ricardo Samaniego Breach, consejero profesional.

8.- José Fortunato  Álvarez  Enríquez, consejero profesional.

Pemex Gas y Petroquímica Básica:

1.- Juan José Suárez Coppel.

2.- Carlos Rafael Murrieta Cummings.

3.- Carlos Alberto Treviño Medina.

4.- Mario Gabriel Budebo.

5.- Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione.

6.- Fausto Barajas Cummings.

7.- María de Lourdes Dieck Assad, consejera profesional.

8.- Fluvio César Ruíz Alarcón, consejero profesional.

Pemex Petroquímica:

1.- Juan José Suárez Coppel.

2.- Carlos Rafael Murrieta Cummings.

3.- Carlos Alberto Treviño Medina.

4.- Mario Gabriel Budebo.

5.- Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione.

6.- Fausto Barajas Cummings.

7.-  María de Lourdes Dieck Assad, consejera profesional.

8.- Fluvio César Ruíz Alarcón, consejero profesional.