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"Otra mas del Ejército-en tiempos del Bicentenario- ya pueden dar cuenta de cifras de inocentes, menores de edad, asesinados por las armas del poder de la Nación "(5topoder)

CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — José Luis descansaba en su casa el domingo por la noche, esperando a su familia -que viajaba desde Salinas Victoria a Monterrey para ir a cenar, después de que visitaron a una tía-, cuando recibió una llamada telefónica, la que “ojalá nunca hubiera contestado”.

“Primero estaba engañado, me dijeron que había sido un accidente vial” en el municipio de Escobedo, relató José Luis de León este lunes a CNNMéxico. Ya en el Hospital Universitario, se enteró de que su hermano menor y su padre estaban muertos. “Los soldados les dispararon, así nomás, sin decirles nada, sin que los provocaran”.  

Su madre, Patricia Castellanos, también viajaba en el vehículo cuando, según confirmó ya el gobierno federal, trataron de rebasar a un grupo de unidades militares y los soldados respondieron con balas.

“Sí, aceleramos la velocidad, los queríamos rebasar y era la única manera, pero nunca nos dijeron que nos detuviéramos, ni nos hicieron señales, nada. Cuando nos dimos cuenta, ya nos perseguían y ya estábamos entre balas”, explica Patricia en entrevista.

Admite que tenían mucha prisa por volver a casa, pues su esposo es albañil y comienza a trabajar desde muy temprano, "y yo, como vendo tamales, tengo que cocinar en las noches y pararme muy temprano; lo que queríamos era tiempo para poder descansar".

Según Alejandro Poiré, el vocero presidencial para asuntos de seguridad, después de lo ocurrido se pondrá más atención a la comunicación que se tiene con la ciudadanía, para que respondan de mejor manera a los “llamamientos del Ejército” y estos “incidentes” no vuelvan a ocurrir.

Para Patricia Castellanos, esto es "sólo un engaño”, pues nunca dieron razones para que el Ejército les disparara. Apenas se escucha su voz entre sollozos, y sólo alcanza a pedir “que se diga la verdad, que se haga justicia y dejen de mentir”.

Aunque el gobierno federal ya ofreció asumir los gastos funerarios y médicos, para Patricia "eso es lo de menos, las disculpas no bastan, nada de lo que hagan me va a quitar este dolor".

José Luis, de 28 años, trabaja en un centro comercial de Monterrey, la ciudad industrial de México ahora acosada por la presencia del narcotráfico. Pese al constante patrullaje del Ejército en sus calles, José Luis nunca había tenido “ningún roce” con los soldados, “apenas los veía de lejos, como algo que sabes que está pero nunca lo sientes, hasta que te toca”.

Siempre tuvo respeto a los militares e incluso a la estrategia de este gobierno de combatir al crimen organizado con las armas. “Yo sé que es una guerra y sus razones tienen para seguirla, pero nosotros no estábamos participando, no es nuestra guerra, es suya”, señala.

Alejandro Gabriel, su hermano, alguna vez pensó en sumarse a las filas del Ejército, “pero luego supo que tenía otras oportunidades. Él quería estudiar, tenía muchos planes y todo se vino abajo por una tontería”, relata José Luis.

En el lugar del ataque estaban también sus sobrinos de 7 y 3 años. Ellos aún no pueden hablar después de lo que ocurrió. “Vieron a la muerte de frente, ¿cómo supera eso un niño? No sabemos si volverán a hablar, si necesitan un psicólogo, si podrán seguir con su vida normal”.

Otros dos miembros de la familia De León Castellanos, su hermana y su yerno, siguen hospitalizados pero estables; los otros tres ya fueron dados de alta.

En la defensa de sus derechos humanos

Este lunes por la noche, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio por lo ocurrido. Su personal de investigación y de atención a víctimas ya se puso en contacto con los afectados, de acuerdo con un comunicado de ese organismo.

Pero José Luis no tiene cabeza para pensar en eso. “Lo primero es enterrarlos, llorarlos, despedirnos de ellos, después nos aseguramos de que tengan justicia”.

En abril pasado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se registró un caso similar al de esta familia. Al pasar un retén militar, los Almanza, que regresaban de vacaciones, fueron atacados por un grupo de soldados. Brayan y Martín, de 5 y 9 años, perdieron la vida.

Entonces la CNDH pidió que se indemnizara a las víctimas y se castigara a los responsables que, según sus investigaciones, fueron soldados que dispararon deliberadamente y no en un fuego cruzado.

Hasta el momento, el Ejército sigue sus propias investigaciones y no ha sancionado a ninguno de sus miembros ni reconocido su responsabilidad.

Patricia Castellanos y su hijo nunca habían escuchado de estas historias. Recuerdan, sí, “chismes” de balaceras en las que participaron soldados, según les contaron, “pero nunca los creí capaz de tanto”, dice la viuda de Vicente de León Ramírez.

Al preguntarle cómo será la vida de esta familia tras la tragedia, José Luis lo piensa unos segundos y afirma: “Después de esto ya no sé qué queda, sí queda mucho, pero eso ya no es vida”.

Querétaro, Querétaro. 28 de agosto del 2010.-  El Partido Acción Nacional debe fortalecer su vinculación con la sociedad para construir mejores ciudadanos en nuestro país y con ello reducir los problemas que nos aquejan como la inseguridad pública, afirmó la Dip. María Dolores Del Río al participar  en la escuela de ciudadanos impartida por el Comité Directivo Municipal del PAN, aquí.

La Secretaria de la Mesa Directiva y también Coordinadora de los Diputados Federales Sonorenses de Acción Nacional, fue invitada por el PAN de Querétaro para compartir su experiencia como Alcaldesa de Hermosillo del 2003 al 2006 y el programa de Colonia Segura, así como las acciones tendientes a fortalecer la seguridad pública en México.

“Hoy tenemos un modelo de policía agotado, eso es una realidad, hay alrededor de 300 mil policías en todo el país, pero estamos bajo un sistema policiaco agotado, realmente el Presidente Calderón tiene razón cuando habla de la necesidad de un cuerpo policiaco único por estado y yo me considero federalista y municipalista pero me parece que debemos de enfrentar la inseguridad de manera más coordinada y con un nuevo modelo por ello es importante analizar esta propuesta”, subrayó Del Río Sánchez.

Precisó que en la seguridad pública existe una corresponsabilidad de toda la sociedad y por eso es importante que todos pongan de su parte para buscar que los ciudadanos vivan con tranquilidad, que pueda desarrollarse, que no sea víctima del delito.

Ante el ex-alcalde de Querétaro, en el trienio 2003-2006, Armando Rivera Castillejo, Del Río Sánchez precisó algunas acciones llevadas a cabo en el país en términos de la seguridad pública como en 1994 cuando se  reforma el Art. 21 Constitucional con el cual la seguridad se concibió como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, coordinados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En el taller donde también participó la ex secretaria seguridad ciudadana del estado, en la administración estatal anterior, María Eugenia Hinojosa Pereznegrón, la Dip. Del Río recordó que en 1995 se promulgó la Ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Vigente aún) que busca impulsar la carrera policial y homologar información entre corporaciones, “ambas acciones que no se han logrado totalmente”.

Para el año 2008 se realizó la reforma Constitucional por la cual la policía quedó facultada para realizar tareas de investigación,  las bases de una carrera policial, la certificación de sus miembros y la evaluación de la sociedad

Indicó que hay debilidades institucionales en términos de seguridad pública y las corporaciones policiacas como policías fragmentadas en organizaciones distintas

“De acuerdo con datos difundidos en 2008 las policías estatales tienen los siguientes rasgos sociodemográficos: el nivel promedio de estudios de los policías en el país es 42% tiene secundaria completa; 4% incompleta; 10% primaria completa, 3.2% primaria incompleta; 1% sin escolaridad. Casi 40% tiene menos de 10 años de antigüedad en la corporación y sólo 43% de los mandos tiene afinidad al puesto que desempeñan”, comentó.

“En un sondeo aplicado a 110 corporaciones municipales ubicadas en 19 estados”, añadió,” se encontró un salario menor de mil pesos y un sueldo mayor de 62 mil 608 pesos. En las Corporaciones estatales el sueldo menor fue de 3 mil 471 pesos y el rango superior fue de 73 mil 208 pesos”.

El Instituto Mexicano de Orientación Sexual indica que los magistrados no tomaron el factor de riesgo para los menores al avalar la adopción de parejas homosexuales.

Luego del aval que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la adopción de menores por parte de personas del mismo sexo, el Instituto Mexicano de Orientación Sexual (IMOS) aseguró que la Corte evadió privilegiar el bien superior del menor, al no tomar en cuenta "el factor de riesgo" que su decisión representa, para los niños y niñas de México en posibilidad de adopción.

Oscar Rivas, director del IMOS, externó su respeto a las acciones del máximo tribunal, pero advirtió que seguirán trabajando en la defensa jurídica de los niños, pues en la adopción por parte de personas del mismo sexo no se protegió el bienestar de los niños.

Por ello, llamó a los gobiernos de las 24 entidades federativas en donde legalmente existe un reconocimiento al matrimonio entre hombre y mujer (22 códigos civiles y 2 constituciones) a que refuercen su legislación en beneficio y protección de los niños susceptibles a ser adoptados.

Además Rivas dijo que se dejó de lado el reclamo de un amplio sector de la sociedad que está convencida de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y que en la adopción es fundamental la complementariedad que brindan un padre y una madre.

"La adopción es un derecho de los niños, no de los adoptantes", dijo. Lamentó que los ministros de la SCJN hayan hecho a un lado el mandato del artículo 4° constitucional que demanda privilegiar el bien superior del menor y que el Estado pretenda experimentar con los niños susceptibles de adopción.

El IMOS reitera que la adopción de niñas y niños en México por parte de una pareja homosexual representa un factor de "alto riesgo", según lo señalan estudios científicos representativos de Brasil, Holanda, Noruega, Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia y Australia que concluyen con suficiente claridad, que las personas con conductas homosexuales configuran "un perfil de riesgo" en contra del bienestar de los niños adoptados.

Y es que en comparación con las personas heterosexuales, presentan mayores problemas como: intentos reales de suicidio, depresión y consumo de sustancias adictivas; son más proclives a desarrollar conductas de riesgo en materia de enfermedades de transmisión sexual; y tienen una tendencia significativamente mayor a sufrir violencia en su vida de pareja en comparación con las personas heterosexuales.

El Instituto Mexicano de Orientación Sexual una vez más señaló que esta decisión de la SCJN evadió tomar en cuenta que la complementariedad que da la unión entre un hombre y una mujer convertidos en madre y padre, son condición insustituible en la formación y desarrollo integral de los niños.

La evidencia científica muestra que cuando no existe la convivencia cotidiana del padre o la madre, el riesgo es que esos menores carezcan de un buen nivel intelectual y académico, enfrenten serias dificultades para obtener mejores logros, potencialicen desorden sexual y carezcan de liderazgo y disciplina

Se pronuncian contra el señalamiento de Juan Sandoval Iñiguez, quien acusó a los ministros de ser 'maiceados' por Marcelo Ebrard para avalar los matrimonios gay

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un hecho inusual, emitió un voto de censura en contra de las declaraciones que emitió ayer el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, quien acusó a los ministros de haber sido “maiceados” por el jefe de gobierno del Distrito Federal para avalar los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Al inicio de la sesión en la que se continúa con el debate respecto a si las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños, el ministro Sergio Valls Hernández anunció que en su calidad de ministro encargado del juicio emitiría un voto de censura en contra de las declaraciones del religioso en las que se cuestionaba su honorabilidad.

En un estado laico, como el nuestro, dijo, debe haber una absoluta separación entre la Iglesia y el Estado.

Sergio Valls advirtió que no se podía acusar impunemente a los 11 ministros de ser corruptos, por lo que, agregó, en su carácter de ministro, criticaba acremente el lenguaje, el fondo y la forma de los mensajes emitidos por el cardenal Juan Sandoval.

Pero, aclaró, también se reservaba el derecho de ejercer cualquiera de los medios de defensa que le otorga la ley, si así lo considera necesario, para dar respuesta a las acusaciones del jerarca católico.

Después de su intervención, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le preguntó al Pleno si se sumaba al voto de censura, obteniendo una respuesta positiva de todos los ministros del alto tribunal.

Por lo que la Corte emitió un voto unánime de censura contra las declaraciones del cardenal, que por lo pronto no tiene más efecto que expresar su inconformidad con lo afirmado por  Sandoval Iñiguez